Los cambios en la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (PJ) que trae el Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal se vienen presentando por el Ministerio como una simple mejora técnica que aportará seguridad jurídica a las empresas, al precisar, por fin, en qué ha de consistir el debido control de los subordinados.

Pero la realidad es muy otra, y, si el Parlamento no lo remedia -cosa poco probable–, lo que de verdad aportará la reforma será un considerable endurecimiento de la responsabilidad de las entidades y nuevos sobresaltos para sus administradores. En realidad, la posición penal de éstos ha sido siempre un ejemplo clamoroso de inseguridad jurídica.

Interesante artículo de nuestro socio Diego Cabezuela que hoy publica Legal Today.

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