El artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, regula los efectos sobre los contratos públicos. No obstante, dicho artículo, ha sufrido una nueva redacción en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

En primer lugar, es preciso aclarar, que el articulo 34 del RDL 8/2020, es norma especial y se aplicara con preferencia a la legislación ordinaria de contratos públicos.

Si la ejecución del contrato no es imposible, la ejecución del contrato sigue siendo obligatoria para el contratista. En cuanto al concepto de “imposibilidad”, nos encontramos ante una cuestión de hecho, cuya apreciación corresponde a la Administración contratante. En caso de desacuerdo por parte del contratista, este último puede hacer valer sus derechos ante los Tribunales de Justicia. Esta imposibilidad puede existir desde el mismo momento que se decretó el estado de alarma, o surgir posteriormente.

En este sentido, cuando el contratista considere imposible ejecutar el contrato, deberá dirigir una solicitud de suspensión a la Administración, con el contenido indicado en la norma, debiendo la Administración de contestar dicha solicitud en el plazo de 5 días. En primer lugar, es preciso señalar que el silencio es negativo. Si la Administración estima la solicitud del contratista y concede la suspensión, los efectos se retrotraen a la fecha en que se produjo el supuesto de hecho que da lugar a la imposibilidad de ejecutar el contrato. Si la Administración deniega la solicitud, el contratista podrá interponer, frente a dicha decisión, los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico.

Cuantía de la indemnización en caso de estimación de la solicitud

Una cuestión importante, y de notable importancia en este caso, es la cuantía de la indemnización que, en caso de estimación de la solicitud, debe de reconocerse al contratista. Pues bien, en este caso, el contratista tiene derecho a ser indemnizado única y exclusivamente en los conceptos establecidos en el artículo 34.1, a saber:

1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.

2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

Es preciso aclarar, como hace la norma, que en ningún caso se indemnizara al contratista por los conceptos recogidos en el articulo 208.2.a) de la Ley de Contratos del Sector Publico, si bien, si se incluyen en los gastos salariales, según el apartado 8 introducido por la disposición final primera del Real Decreto-ley 11/2020, los relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondan.

Por último, vamos abordar el abono de la indemnización, estatuyendo el articulo 34 citado, que la indemnización se reconocerá y abonará al contratista, previa acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía de los daños, lo que determina que, una vez reconocida por el órgano de contratación, la imposibilidad de ejecutar el contrato, el contratista, deberá presentar una nueva solicitud con la JUSTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS. Esta última petición, deberá ser resuelta por la Administración, en el plazo general de 3 meses establecido en la legislación administrativa.

Juan Luis Domínguez Sidera
Secretario General de GRUPO ORTIZ

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