La inconstitucionalidad de las Tasas Judiciales: Sentencia Tribunal Constitucional de 21 julio 2016.

La conocida y polémica Ley de Tasas, 10/2012 de 20 de noviembre, fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado por 109 diputados del PSOE y resuelto por el Alto Tribunal el pasado mes de julio.

En su  resolución, el Tribunal Constitucional, por un lado trata jurídicamente  la proporcionalidad o no de las cuantías de las referidas tasas y por otro  entra en el análisis -siguiendo con su línea ya introducida en su anterior sentencia número 20/2012- de la constitucionalidad de la denominada financiación mixta de la justicia, esto es, a través de impuestos y de tasas judiciales.

En la anterior sentencia de 2012 el Tribunal  declaraba la constitucionalidad de esa financiación, siempre y cuando, precisaba, no se violente con ello ninguna previsión constitucional y ello  es posible, dado que la Constitución (art. 119) no establece con carácter universal la gratuidad de la justicia: “La  justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”

Por tanto, las tasas judiciales de moderada cuantía que se venían abonando desde el año 2002 en base al  35 de la Ley 53 de 30 de diciembre, no eran contrarias al derecho de acceso a la justicia (art. 24.1 CE), y no solamente porque su cuantía no resultaba desproporcionada en función de la alta capacidad económica que se atribuye a las entidades que venían sujetas a su pago, sino porque con su obligación y pago se perseguía una finalidad legítima: financiar el servicio público de la Administración de Justicia en su mayor parte con cargo a los justiciables que más se benefician de la actividad jurisdiccional, disminuyendo considerablemente su financiación vía impuestos.

El mismo argumento ha sido utilizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declarando en su Sentencia de 30 de junio de 2016, (asunto Vasile Toma) que: “el derecho de acceso a un tribunal no es un derecho absoluto, sino que puede comportar restricciones proporcionadas que persigan un objetivo legítimo y no menoscaben dicho derecho en su esencia, inclusive las ligadas al pago de tasas judiciales”  Teniendo en cuenta además, conforme precisa este Tribunal, que “las tasas judiciales contribuyen, en principio, al buen funcionamiento del sistema jurisdiccional, en la medida en que constituyen una fuente de financiación de la actividad judicial de los Estados miembros

Pues bien, partiendo de esta premisa, los recurrentes alegaron que la Ley de tasas impugnada desatiende la advertencia constitucional de no lesionar derechos fundamentales con la imposición de nuevas tasas, vulnerando además  el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de acceso a la jurisdicción y acceso al recurso.

Vulneración que se produce sin duda  por dos razones:

  • Por su exigencia a la generalidad de las personas físicas (con la matización a la que más adelante me refiero) y jurídicas.
  • Y por elevarse de forma desproporcionada las cuantías fijadas en la anterior Ley 53/2002, previéndose además de manera novedosa la obligación de su pago para poder interponer los recursos de suplicación y casación en el orden social.

Esta vulneración daría como resultado, impedir, en unos casos, el derecho de acceso a la justicia e impedir en otros su ejercicio, propiciando situaciones contrarias también al derecho fundamental de igualdad ante la ley del art. 14 CE.

Lo que  la Ley buscaba con este aumento de las tasas era “desbloquear la justicia”, o como dice textualmente “racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional” y evitar que se utilice la segunda instancia con fines dilatorios. Pero la realidad es que con su promulgación lo que obtuvo es el resultado al que me acabo de referir.

Como durante la tramitación del recurso, se publicó el Real Decreto-Ley 1/2015 de mecanismos de segunda oportunidad, en el que se excluía a las personas físicas como obligados al pago de tasas, el Constitucional no entra en esta cuestión al haberse producido la derogación de este punto de la ley antes de dictar sentencia, centrándose exclusivamente en si las cuantías resultan desproporcionadas y pueden producir efectivamente un efecto disuasorio a la hora de acudir a los tribunales de Justicia y por ende una vulneración del art. 24 CE.

Dicho esto, el TC avala el establecimiento de unas tasas para el ejercicio de algunas acciones judiciales en aras de la constitucionalidad de la financiación mixta de la justicia, pero anula las  cuotas fijas del gravamen recogidas en el art. 7.1 de la Ley recurrida: «En el orden jurisdiccional civil: Apelación: 800 €; Casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200 €; En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Abreviado: 200 €; Ordinario: 350 €; Apelación: 800 €; Casación: 1.200 €; y «En el orden social: Suplicación: 500 €; Casación: 750 €.

Y declara que en aras de la seguridad jurídica  que su  inconstitucionalidad solo será eficaz profuturo, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme.

Por lo que no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme, como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla, deviniendo con ello firme la liquidación del tributo.

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