Recientemente el Banco de España publicaba un informe titulado “Análisis de los procedimientos de insolvencia en España en el contexto de la crisis del covid-19: los concursos de acreedores, los preconcursos y la moratoria concursal”. En dicho informe el Banco de España presagiaba que los problemas de insolvencia de las empresas, como consecuencia de la crisis de la Covid19, darían lugar a un repunte significativo de las solicitudes de concurso una vez que expirase la moratoria, el 31 de diciembre de 2020.

No obstante, conscientes de esta realidad y a fin de seguir incentivando y potenciando que los empresarios sigan apostando por sus empresas, se ha aprobado una nueva moratoria. Así a través del Decreto ley 34/2020 de 17 de noviembre se ha vuelto a ampliar el plazo para solicitar concurso hasta el 14 de marzo de 2021. Es decir, que ya no tendremos el aluvión de solicitudes concursales a finales de diciembre de 2020.

Pero, ¿por qué se aprueba esta moratoria? ¿Su razón de ser se limita a impedir la saturación de los juzgados mercantiles o realmente se sigue apostando por la reactivación de la economía?

La realidad es que con las nuevas medidas legislativas, tales como el Decreto ley 34/2020 de 17 de noviembre y Ley 3/2020 de 18 de septiembre lo que se pretende, es paliar los efectos económicos de esta pandemia. Instruyendo mecanismos que protejan a los empresarios y los incentiven a apostar por la viabilidad de su empresa.

Entre estas medidas, debemos de destacar la ya referida ampliación de la moratoria para solicitar concurso. Medida que aunque pueda parecer una nimiedad, tiene grandes efectos en el curso económico.

Y ello porque permite a las empresas seguir apostando por su supervivencia, buscando nuevas medidas de financiación o restructuración. No obstante, debemos de destacar que esta medida lleva aparejada como consecuencia directa que los acreedores no podrán solicitar el concurso necesario hasta pasado el 14 de marzo de 2021. Es decir, que aquellos que tengan cuentas a cobrar con empresas en situación de insolvencia deberán de esperar hasta el segundo trimestre del 2021 o bien, intentar la satisfacción a través de otras acciones, como por ejemplo, la presentación de un procedimiento monitorio.

Centrándonos en la posición de la empresa con tensiones de tesorería, importante es que gracias a esta medida estas empresas podrán negociar con sus acreedores, sin la presión de saber que si no presentasen concurso correrían el riesgo de que sus acreedores solicitasen el concurso necesario y en su caso se declarase el concurso como culpable.
Otras medidas con las que se pretende otorga más tiempo a las empresas son: la ampliación del alcance temporal de las medidas para admitir a trámite las demandas por incumplimiento de convenio o la ampliación de las solicitudes de incumplimiento de acuerdos de refinanciación.

Por otro lado, hasta el 14 de marzo de 2022, todas aquellas aportaciones realizadas por las personas especialmente relacionadas con el concursado serán considerados créditos ordinarios. Esto es, se pretende incentivar la financiación de las sociedades que están atravesando problemas de liquidez a través de los créditos participativos y para ello nada mejor que acordar que dicho préstamo no sea clasificado como crédito subordinado, es decir, como el último en la clasificación.

Pero la gran cuestión, ¿Qué pasará cuando la vigencia de estas medidas llegue a su fin? ¿Qué sucederá en marzo? ¿Volverá a presagiarse un aluvión de solicitudes de concurso voluntario?

La realidad es que si una empresa, en situación de insolvencia, pretende seguir desarrollando actividad, debe iniciar a la mayor inmediatez posible un plan de restructuración o comenzar a negociar con sus acreedores, de lo contrario, la nueva moratoria podría no serle suficiente.

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