Hace no mucho tiempo, en el artículo “Procedimientos de ejecución: ¿Es delito incumplir los requerimientos efectuados por el  Juzgado?”, analizamos el delito de frustración a la ejecución del art. 556.1 del Código Penal. O lo que es lo mismo, la posibilidad de cometer un delito por desatender o incumplir los requerimientos del Juzgado en un procedimiento de ejecución de sentencia, impidiendo o entorpeciendo el cumplimiento de la misma.

En este artículo también hicimos una breve referencia al precepto 258 del Código Penal, un nuevo delito  que se introduce en 2015 y que en la propia reforma se clasifica  como uno de los delitos referidos a la  “frustración de la ejecución”

Pero, ¿qué conducta se ha querido penalizar?

Mediante el artículo 258 del Código Penal, el cual reproducimos a continuación,  el legislador ha querido sancionar a aquellos  ejecutados que en un procedimiento de ejecución dineraria y  habiendo sido requeridos por el Juzgado para realizar manifestación de bienes, no comparezcan o bien no realicen una manifestación exacta y detallada de todo su patrimonio.

  1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor.

La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto.

  1. La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior.

[…]

En resumen,  este delito castiga la  ocultación de bienes en un procedimiento, pudiendo cometerlo la persona que en beneficio de sus intereses mienta u omita parte de la verdad.

Bien jurídico

El bien jurídico protegido de este tipo penal es similar al de los otros delitos de frustración de la ejecución, incluido el delito de desobediencia del artículo 556, se pretende proteger el principio de autoridad de los órganos judiciales, a la vez que se intenta proteger el  derecho de crédito del acreedor sobre el patrimonio del deudor, afecto  al cumplimiento de sus obligaciones en los términos que establece el artículo 1911 del Código Civil.

Conducta delictiva

Pese a que esta conducta delictiva es poco conocida y de baja penalidad, su práctica es bastante frecuente, ya que, seguramente por desconocimiento o interés muchos ejecutados actuando  en su propio beneficio y en detrimento del ejecutante deciden no comparecer ante el Juzgado. Y para que esta conducta pueda ser constitutiva de delito debe de concurrir lo siguiente:

  1. Un mandato expreso, concreto y terminante que requiera al ejecutado  a comparecer ante el Juzgado y realizar manifestación de bienes.
  2. Que la orden, revestida de todas las formalidades legales, haya sido claramente notificada al obligado a cumplirla, de manera que éste haya podido tomar pleno conocimiento de su contenido.
  3. Que el ejecutado no comparezca o bien compareciendo ante el órgano que le haya requerido, omita u oculte parte de los bienes que son de su propiedad.

Lo más relevante y a su vez desconocido, es que en  este tipo delictivo se castiga la simple acción encaminada a frenar la ejecución, es decir que de poco o nada sirve excusarse en que no se realizó manifestación de bienes porque no se disponía de bienes propios o estos eran de escaso valor.

En definitiva, según el artículo 258 del Código Penal, mentir u omitir la verdad, sí puede ser delito.

Alba Rodriguez de Anta
Abogada

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